En un giro estratégico para mitigar el impacto inflacionario, el gobierno de Javier Milei ha decidido postergar la implementación de los aumentos previstos en las tarifas de transportes públicos, electricidad y gas. La medida, anunciada esta semana, refleja una estrategia consciente de evitar que los ajustes tarifarios influyan negativamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La decisión se alinea con la postura del oficialismo de priorizar la estabilidad económica a corto plazo. Un estudio reciente evidenció que un incremento del 50% en el boleto de colectivo podría elevar el IPC en alrededor de 1.20 puntos porcentuales mensuales. Esta cifra subraya la sensibilidad de los costos de transporte en la inflación general, algo que el gobierno busca evitar con esta postergación.
Luis Caputo, el ministro de Economía, ha reiterado su compromiso de reducir la inflación lo más cerca posible de cero por ciento. En este contexto, la no autorización de aumentos en las tarifas de los colectivos responde a su estrategia para contener la presión inflacionaria. A pesar de esta postergación, se ha decidido incrementar en 20 mil millones de pesos mensuales los subsidios destinados a las empresas de transporte de corta y media distancia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Esta inyección de fondos busca asegurar que el servicio de transporte continúe funcionando sin interrupciones significativas, mientras el gobierno maneja el impacto económico de las tarifas sin trasladar el costo directamente a los usuarios.
El enfoque del gobierno de Milei pone de relieve su estrategia de equilibrio entre el control inflacionario y la gestión de servicios públicos esenciales, en un contexto económico desafiante.